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La presión inflacionista y la subida de los tipos de interés refuerzan la advertencia sobre las prácticas crediticias perniciosas

Tras dos años de pandemia y con el actual escenario mundial, las palabras moderación y cautela han aparecido con frecuencia en los debates sobre el rumbo de la economía. Lo mismo ocurre en Brasil. Desafíos que antes estaban bajo control, como los impagos, o que eran menos intensos, como la inflación y la subida de los tipos de interés, han cobrado fuerza en los últimos meses y es probable que tengan un impacto significativo en 2022.

En el mercado crediticio, que creció significativamente el año pasado, las expectativas también se alinean con las incertidumbres del momento, esperándose un menor crecimiento este año. Una encuesta del sector de agencias de crédito estima que el índice se mantendrá cerca de 7%. Esta previsión contrasta con los datos consolidados del Banco Central para 2021, según los cuales El volumen de crédito del Sistema Financiero Nacional aumentó en 16,5% con respecto a 2020, alcanzando los 4,7 billones de R$.

En este contexto, las buenas prácticas crediticias cobran aún más importancia. Garantizan un ecosistema crediticio sostenible y eficiente mediante la incorporación de las últimas innovaciones tecnológicas y estructurales del sector -como el Registro Positivo, la Banca Abierta y las fintech de crédito-. Estas innovaciones permiten que más particulares y empresas accedan al crédito en mejores condiciones. También garantizan un mejor funcionamiento del mercado en un momento todavía marcado por la reciente crisis sanitaria y la tensión en torno a la cuestión Rusia-Ucrania. Por lo tanto, conviene redoblar los esfuerzos para debatir las acciones que podrían obstaculizar el buen funcionamiento del sistema crediticio del país.

Algunas de las prácticas que perjudican al crédito son las que ponen en peligro la transparencia en la relación entre prestamista y prestatario. Las agencias de crédito se encargan de gestionar bases de datos para aportar claridad entre las partes. Es decir, por un lado, ofrecen a los proveedores de crédito información para la toma de decisiones, que se refiere al pago pero va más allá. Por otro, para quienes buscan recursos, los burós ponen a su disposición, además de la calificación crediticia y también de forma gratuita, contenidos que contribuyen a la educación financiera. También hay otros servicios e informaciones como oportunidades de renegociación, alertas antifraude, consultas al CPF y al CNPJ, análisis por perfil y por sector, entre otros, para que una persona o empresa pueda evaluar mejor las condiciones de crédito, incluyendo tasas de negociación, condiciones de pago, garantías, etc.

Cualquier acción que interfiera con la armonía de esta dinámica, regulada por la Ley de Registro Positivo, el Código de Defensa del Consumidor (CDC) y la Ley General de Protección de Datos (LGPD), tiene efectos negativos en el ecosistema crediticio, como los siguientes:

Supresión de información negativa: la práctica de excluir a los negativos de la lista de información crediticia crea inseguridad económica y jurídica para quienes ofrecen crédito y desempeñan un importante papel social y económico en el país. Entidades o empresas para este fin, que constituyen la llamada “industria de limpieza de nombres”, son creadas con fines de lucro económico y causan impactos negativos en consumidores y empresas, incentivando la morosidad. Los agentes económicos, conscientes de que la transparencia en el acceso a la información relevante para la evaluación crediticia protege a personas y empresas del riesgo de endeudarse por encima de su capacidad, han desarrollado mecanismos para mitigar el que es uno de los fallos de mercado más graves de la actual política económica. Una de estas iniciativas fue la contratación de dictamen jurídico y económico sobre los efectos de estas medidas cautelares en el mercado crediticio que conceden la anulación de las notificaciones de denegación y que orientarán las futuras medidas del sector para combatir este escenario de litigios predatorios.

Restricción del uso de la información: restringir el uso de información financiera pertinente para el análisis del crédito distorsiona la evaluación del crédito. Un análisis de riesgo adecuado -que tenga en cuenta la información de las bases de datos de las agencias- ayuda al prestamista a concluir si el prestatario es capaz de hacer frente a los pagos relacionados con la operación de crédito. Las restricciones aumentan el riesgo de impago del prestatario, perjudicando tanto al prestamista como al moroso.

Limitaciones en el registro de la información: En la misma línea, las limitaciones en el registro de información para analizar la concesión de créditos acaban creando asimetría de datos y créditos sesgados. En otras palabras, también pueden dar lugar a un aumento del riesgo de que el acreedor reciba el préstamo y el prestatario se sobreendeude.

Aumento de los costes relacionados con la información: el aumento de los costes relacionados con la información utilizada para analizar el crédito también perjudica al mercado, ya que contradice la finalidad de la puesta en común, creando una barrera al acceso a la información. Es importante destacar que las bases de datos que proporcionan análisis de crédito desempeñan una función de interés público.

Burocratización del proceso de negociación y pago de la deudaFacilitar o simplificar las formas de renegociación reduce el tiempo de permanencia del deudor en el registro de deudas y fomenta el buen comportamiento del pagador. Además, los complejos procesos de cobro, que implican varias etapas para saldar una deuda, suelen entorpecer la dinámica del cobro. Flexibilizar los métodos de pago refuerza la relación entre acreedor y prestatario.

Mayores costes para el prestatario a la hora de saldar la deuda: el aumento del coste de liquidación de la deuda es otra práctica que penaliza a consumidores y empresas, eleva la deuda y pone en peligro el reembolso. Un cobro eficiente, así como todas las medidas que apoyan un ecosistema responsable, favorecen la recuperación del crédito.

La propuesta del sector de burós de democratizar el acceso a sus productos y servicios, facilitar la renegociación, promover la transparencia y reducir la burocracia a lo largo de todo el proceso de concesión y cobro de créditos, proporciona un mercado de crédito saludable. Esto, a su vez, estimula la economía, generando empleos y promoviendo el bienestar social en el país, condición importante para la recuperación tras la pandemia.

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Por: Elias Sfeir Presidente de ANBC & Miembro del Consejo Climático de la Ciudad de São Paulo & Concejal Certificado