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Fuente: https://ibre.fgv.br/ | Publicado por Clima económico | Elias Sfeir, presidente de la Asociación Nacional de Burós de Crédito (ANBC) | Por Solange Monteiro, desde Río de Janeiro
Identificado como uno de los grandes avances de la agenda microeconómica de los últimos años -junto con medidas como la introducción del duplicado electrónico-, el Registro Positivo (RP) avanza en la inclusión de bases de datos que permiten evaluar la capacidad de pago de personas que actualmente no tienen calificación crediticia, o mejorar la de las que ya la tienen. “Antes sólo teníamos información negativa, una instantánea. El registro positivo es una película en el tiempo, que relativiza esta información de impago en función del comportamiento de las personas y empresas en relación con el crédito. Esto favorece una evaluación más flexible y justa”, afirma Elias Sfeir, presidente de la Asociación Nacional de Oficinas de Crédito (ANBC).
La ley de Registro positivo es de 2011, pero no fue hasta 2019, con el cambio de legislación -que, entre otras cosas, permitió la inclusión automática de las personas que tienen préstamos, compras a plazos o cuentas de consumo-, cuando se intensificaron los esfuerzos para reforzar el Registro. Las primeras fuentes procedieron de las entidades financieras -hoy 145 comparten sus datos con el PP-. Luego vinieron las bases de datos de las compañías de telecomunicaciones, siete en total, que reunieron millones de registros más de particulares y empresas. Según Sfeir, sólo con la llegada de las telecos, 12,6 millones de personas y empresas que no tenían calificación crediticia se incluyeron en el sistema, que hoy incluye 126 millones de registros individuales entre la población económicamente activa.
El esfuerzo se centra ahora en atraer al Registro a empresas de servicios públicos y de energía y saneamiento. En el sector energético, la primera en incorporarse fue EDP, La empresa, que opera como distribuidora en São Paulo y Espírito Santo, tiene 3,5 millones de clientes. “Sólo en este operador, identificamos que 23% de la base no eran vistos por el sistema financiero”, dice Sfeir. El ejecutivo dice que tantos oficinas como el Gobierno, el Banco Central y los organismos reguladores están unidos en sus esfuerzos por dar ritmo a esta incorporación. “No es un paso fácil, ya que depende, entre otros factores, de la madurez tecnológica del funcionamiento de cada empresa. Pero confiamos en poder ganar terreno”, afirma.
El intercambio de nuevas bases entre cuentas de consumidores será clave, dice Sfeir, para aumentar la inclusión en el Registro de personas sin o con escasa relación con instituciones financieras y acceso a financiación. Especialmente en las regiones Norte y Nordeste, donde la presencia del Registro Positivo es aún escasa. “Eso es lo que hemos visto por el impacto de la afluencia de cuentas de telefonía móvil pospago, que es mayor en estas regiones”, dice. Hoy, la cobertura media de CP en Brasil es de 75%. Pero mientras en São Paulo ya es de 93%, en Maranhão, por ejemplo, es de 58%. El mismo reto se observa entre los microempresarios individuales (MEIS), donde la cobertura de CP sólo llega a 13%. “Son negocios que están entrelazados con la vida del emprendedor, por lo que ampliar la presencia entre los PF es una forma de llegar a los MEI”, afirma.
El presidente de ANBC afirma que desde 2019, la ampliación del PC ha hecho posible que 22,1 millones de personas que eran invisibles para el sistema financiero, o no tenían una puntuación lo suficientemente alta como para pedir un préstamo (por encima de 500 puntos), puedan acceder al crédito. Reconoce que este avance hacia la consolidación del registro se produjo en un momento positivo para el mercado crediticio, en un escenario de bajos tipos de interés, alimentando un círculo virtuoso para el sector. “Pero si hoy no podemos cambiar el tipo de interés básico (Selic), podemos colaborar para mejorarlo", dijo. difundir”, concluye, citando datos de la Banco Mundial que indican que la morosidad representa hasta 35% de la difundir la diferencia entre los intereses que las entidades financieras pagan por el dinero invertido y los intereses que se cobran al pedir un préstamo.
