En el último post, hablé de la importancia de la Ciudadanía Financiera para que la sociedad acceda al bienestar en los sistemas democráticos.
Volviendo al tema, el primer paso para alcanzar este objetivo es la inclusión financiera y el Registro Positivo. El gobierno debe actuar para incluir a los ciudadanos proporcionando información al mercado. Al hacerlo, permite al sistema financiero evaluar qué productos y servicios pueden ofrecerse.
El Registro Positivo diseñado por el Banco Central y el Ministerio de Finanzas es el mecanismo más eficaz y democrático para la inclusión financiera. El nuevo modelo que adoptará el Gobierno es el opt-out, es decir, que todo el mundo se inscribe en el Registro y puede optar por abandonarlo. Para Richard Thaler, Premio Nobel de Economía el año pasado, este modelo debe utilizarse cuando las personas tienen que tomar decisiones difíciles y poco frecuentes, para las que no reciben una retroalimentación inmediata.
El segundo paso es ofrecer productos y servicios que cubran todas las clases sociales. Los bancos públicos participan en esta iniciativa ofreciendo diversos productos, principalmente ahorro, pensiones y crédito. También ofrecen seguros y bonos de capitalización. Con el fin de lograr la capilaridad necesaria para servir a la sociedad, el gobierno también puede incentivar a los agentes financieros para que pongan a disposición estas ofertas.
El tercer paso consiste en estimular el conocimiento en la sociedad para que sea capaz de elegir los mejores servicios y productos financieros disponibles, accediendo así al bienestar a través de estos recursos económicos. El gobierno participa en esta fase proporcionando educación financiera. Hay varias estrategias que hacen que este objetivo tenga éxito. Entre ellas, la inclusión de asignaturas de educación financiera en el currículo escolar, la firma de convenios con entidades privadas para educar a la población adulta, el fomento de ONGs dedicadas a la orientación financiera, la utilización de organismos de protección al consumidor y la participación de entidades de la OSCIP (Organización de la Sociedad Civil de Interés Público).
Dos iniciativas destacadas del Gobierno brasileño son la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF), establecida por decreto presidencial en diciembre de 2010, y el Comité Nacional de Educación Financiera (Conef), cuya función es definir planes y programas, así como coordinar la aplicación de la ENEF. El Banco Central forma parte del Conef, al igual que otros 12 organismos que representan a la sociedad y al gobierno.
A través de ENEF, En consecuencia, la educación financiera se ha convertido en una política de Estado. Como toda política de Estado, tiene un carácter permanente y un contenido programático, es decir, una serie de iniciativas debidamente planificadas que persiguen objetivos a corto, medio y largo plazo.
Las actividades del ENEF son gratuitas y pueden ser ofrecidas por instituciones públicas o privadas. El interés público debe guiar cada actividad, que no debe tener carácter comercial. El Programa de Educación Financiera en las Escuelas es una de las actividades de la ENEF. Está coordinado por AEF-Brasil, uno de los socios de ANBC, y pretende contribuir al desarrollo de una cultura de planificación, prevención, ahorro, inversión, consumo consciente y crédito responsable. También existe un proyecto pedagógico y un conjunto de libros que permiten la interacción profesor-alumno en las escuelas primarias y secundarias.
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Por: Elias Sfeir Presidente de ANBC & Miembro del Consejo Climático de la Ciudad de São Paulo & Concejal Certificado

