Fuente: Número 131 de la revista ANFAC | Por Elias Sfeir
El daño causado a la economía por la industria de las demandas colectivas de “limpieza de nombres”
El ecosistema crediticio se ha enfrentado a un escenario de medidas cautelares concedidas en demandas colectivas dirigidas a excluir nombres de los registros de morosos. Esta práctica genera distorsiones en el análisis del crédito, lo que se traduce en tipos de interés más caros para los consumidores.
La llamada “industria de limpieza de nombres” se nutre de asociaciones, algunas de ellas ficticias, que presentan demandas colectivas contra las agencias de crédito, especialmente en los estados de Piauí, Pernambuco y Paraíba.
Esta práctica, calificada de “litigio predatorio”, suscita preocupación en los sistemas crediticio y judicial, ya que compromete la eliminación de la información sobre impagos por parte de los deudores y eleva así la puntuación para el análisis del riesgo crediticio, sin que existan pruebas de irregularidad en el registro de estas deudas. Esta práctica compromete la transparencia del proceso de concesión de crédito y genera distorsiones en el cálculo del riesgo por parte de los acreedores.
También afecta a la rapidez de los procedimientos y tiene un impacto negativo en las finanzas públicas. Existe consenso entre los expertos jurídicos en que la judicialización debe ser el último recurso, una vez agotadas todas las posibilidades de solución consensuada.
De acuerdo con la recomendación 127, emitida por la CNJ en febrero de 2022, esta situación de “judicialización predatoria” ocurre debido a que los abogados presentan miles de demandas cada año, utilizando peticiones idénticas, cambiando sólo el nombre del demandante y algunos datos de identificación.
La recomendación orienta a los tribunales para que adopten precauciones y dota al CNJ de los instrumentos necesarios para vigilar y combatir esta práctica.
El mercado también está atento a esta situación, que eleva los costes
y perjudica a la actividad económica en general.
La colaboración de organizaciones como la Asociación Nacional de Fomento Comercial (ANFAC) y la Asociación Nacional de las Oficinas de Crédito (ANBC) busca unir fuerzas para enfrentar la llamada “industria de la compensación de nombres”. Una de las iniciativas, liderada por ANFAC, es la programación de una audiencia con el Ministro del STJ, Mauro Campbell, donde se demostrarán ampliamente los impactos de esta práctica perjudicial para el crédito.
La acción de los burós y otras entidades se basa en un dictamen jurídico y económico enviado a la CNJ, que expone los impactos negativos en el mercado de crédito resultantes de las medidas cautelares, señalando que estas sentencias incentivan conductas indeseables y propensas a la judicialización predatoria.
De todos es sabido que los registros de protección del crédito son necesarios e importantes para evaluar el riesgo crediticio a la hora de realizar operaciones crediticias y financieras. Al incluir datos sobre impagos, estos organismos contribuyen a la disciplina crediticia, lo que beneficia tanto a los acreedores como a los consumidores al reducir los costes del crédito. Esta dinámica es crucial para evitar que el riesgo de impago se propague a lo largo de la cadena económica, afectando a quienes hacen frente a sus deudas.
sus compromisos financieros. También ayuda a prevenir el sobreendeudamiento.
Los burós desempeñan un papel importante en la asimetría de la información, que se refiere a la falta de conocimiento que tienen las instituciones financieras sobre los prestatarios.
Sin embargo, las intervenciones judiciales, como la concesión de medidas cautelares en el contexto de la “industria de la limpieza de nombres”, ponen en peligro la calidad de la información sobre impagos de los consumidores. Una vez concedidas estas medidas cautelares, las oficinas están obligadas a eliminar los datos de impago de los registros de morosos, aunque el deudor no haya pagado su obligación.
Esta situación aumenta el riesgo de que se conceda un crédito, lo que se traduce en mayores costes (intereses) a la hora de pedirlo. Existe consenso entre los expertos en que una de las principales razones de los elevados tipos de interés es la inseguridad que genera la morosidad. Según el informe de economía bancaria del Banco Central, que mide el impacto de los tipos de interés en la economía, la morosidad es el principal factor que compone el diferencial. La última edición del informe, correspondiente a 2023, señala que entre 2021 y 2023, los impagos representaron una media de 31% del diferencial. Es preocupante.
Como actores importantes del ecosistema crediticio, los burós de crédito y los sectores de desarrollo seguirán trabajando para garantizar que los litigios predatorios se conozcan y se combatan en los foros adecuados.
Gracias por leerme.
