Tres acciones negativas de la “industria de compensación de nombres” para el mercado crediticio
La supresión de información provocada por litigios predatorios causa perjuicios sociales, jurídicos y económicos
Conocido popularmente como “nombre industria de la limpieza”, las demandas colectivas presentadas por asociaciones - algunas de ellas fachadas - han atraído la atención de los tribunales brasileños.
Estas acciones, cuyo objetivo es eliminar los nombres de los deudores de la lista negra, pueden causar perjuicios sociales, jurídicos y económicos.
En la práctica, la situación descrita litigios predatorios por la Recomendación nº 127, publicada en febrero por la CNJ (Consejo Nacional de Justicia), se produce por la acción de abogados que presentan miles de demandas al año, con peticiones que contienen las mismas pretensiones y causas, cambiando únicamente el nombre de la parte representada y algunos otros datos que identifican el caso.
En opinión de Elias Sfeir, presidente de la Asociación Nacional de Oficinas de Crédito - ANBC, Las acciones interfieren en la calidad de la información para el análisis de riesgos, que es fundamental para un mercado crediticio y una economía sanos.
Un dictamen jurídico y económico encargado por la ANBC, elaborado por Luciano Timm, abogado y profesor de la FGV-SP, y Luciana Yeung, doctora en Economía por la misma institución, destaca los efectos negativos de las medidas cautelares concedidas por los jueces en el mercado de crédito, además de demostrar que tales decisiones acaban fomentando comportamientos indeseables, orientados a una judicialización predatoria y oportunista.
“Los litigios predatorios penalizan a los morosos por el mal comportamiento de los morosos. La morosidad representa alrededor del 35% del impacto sobre el diferencial bancario. Cuanto mayor es la tasa de impago, mayor es el impacto en los tipos de interés. Así que cualquier supresión de información para la evaluación del crédito va a perjudicar al consumidor”, afirma. Según el Indicador del Coste del Crédito, creado por el Banco Central y que refleja el peso de los tipos de interés en la economía, la morosidad es el principal componente del diferencial.
Sfeir también subraya que las iniciativas del “nombre claro” consumen valiosos recursos judiciales. “También conviene señalar que las agencias tienen mecanismos para que los prestatarios impugnen su crédito. Los burós están obligados a consultar a la fuente acreedora para aclarar cualquier duda y tienen procesos específicos para ello; por lo tanto, acudir inicialmente a los tribunales no es un buen mecanismo.”
Según el ejecutivo, las tres acciones más perjudiciales causadas por la industria de limpieza de nombres para el mercado crediticio son:
- Asimetría de la informaciónLa concesión de créditos implica confianza y la información facilitada por las agencias de crédito contribuye a reducir la asimetría informativa. Son los burós los que proporcionan a los prestamistas información sobre la capacidad de pago de los prestatarios, por ejemplo. “Con los litigios predatorios, la calidad de los datos compartidos por las agencias se ve comprometida, ya que, debido a las medidas cautelares concedidas, se ven obligadas a suprimir los datos de las personas a las que se ha denegado un crédito sin que hayan cumplido con su obligación”, afirma el presidente de ANBC.
- Sancionar a los morososLos que están al día en sus compromisos financieros acaban siendo penalizados por el aumento de los costes de concesión de crédito, ya que el coste del riesgo de impago acaba repartiéndose por toda la cadena.
- Borrar una alerta importanteA diferencia de lo que mucha gente pueda pensar, la negatividad tiene su lado positivo, ya que la medida sirve para alertar de posibles olvidos o falta de control sobre el pago, y también para evitar el sobreendeudamiento al señalar al mercado que el prestatario se está endeudando por encima de su capacidad, lo que abre un espacio para la negociación. Además, se da al deudor un plazo para devolver la deuda.

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