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En los últimos años, a raíz de la digitalización de los servicios financieros, los incidentes e intentos de fraude se han multiplicado en todo el mundo. Ante la aparición de planteamientos fraudulentos, las instituciones privadas y los organismos reguladores han profundizado en el debate sobre las formas de combatir este fenómeno. En este debate, la cooperación ha pasado a un primer plano.
Se ha llegado a la conclusión de que, además de las políticas de inversión y cumplimiento adoptadas por cada institución, la acción conjunta permite luchar más eficazmente contra el fraude financiero. Ya se han creado consorcios antifraude en varios sectores con el objetivo de compartir conocimientos, desarrollar esfuerzos conjuntos de inversión y establecer respuestas unificadas contra las acciones de los defraudadores.
Bajo este concepto, la Resolución Conjunta nº 6, que entrará en vigor en noviembre de 2023, regula el intercambio de información sobre indicios de fraude en Brasil. Las instituciones autorizadas a operar por el Banco Central de Brasil están sujetas a la normativa. Banco Central de Brasil, Entre ellos figuran los bancos y las entidades de pago. Los administradores de consorcios están exentos de esta obligación.
El intercambio de información debe cumplir la normativa vigente sobre protección de datos, es decir, preservar la confidencialidad de los datos personales y basarse en el consentimiento previo y general del consumidor. Este consentimiento general exime a la institución de tener que obtener autorización para compartir información caso por caso.
El paso normativo que se acaba de dar es importante porque establece directrices, despeja cualquier duda sobre la protección de datos y crea la obligación de que las instituciones reguladas por el Banco Central contribuyan a la base de datos. Además, el requisito de interoperabilidad de los sistemas utilizados para comunicar la información amplía el abanico de información disponible.
La Resolución permite a las entidades financieras contratar a otras empresas para prestar el servicio de intercambio de datos, beneficiándose de la experiencia del sector privado, en particular del sector de las agencias de crédito, que se anticipó a la exigencia reglamentaria y ya dispone de sistemas para compartir esta información de conformidad con la norma.
El tema de la cooperación en la lucha contra el fraude traspasa fronteras. En el Reino Unido, el Gobierno publicó en mayo de 2023 un documento titulado “Estrategia contra el fraude: acabar con las estafas y proteger a los ciudadanos”. El texto advierte del crecimiento del número de fraudes financieros y destaca un cambio en el perfil de los sucesos: entre 2020 y 2022, las transacciones fraudulentas con autorización involuntaria de la víctima pasaron de 44% a 54%, superando a los fraudes sin autorización. Entre los pilares de la nueva estrategia, el documento subraya la importancia de compartir información entre las autoridades y las organizaciones privadas, prometiendo abordar las cuestiones jurídicas para garantizar la puesta en común con el fin de prevenir los delitos económicos.
En la Unión Europea, la propuesta de revisión del Servicio de Pago Directo incluye la creación de una base jurídica para que las instituciones financieras compartan información relacionada con el fraude. En España, tres grandes bancos se unen para crear FrauDfense, es una plataforma de colaboración para concentrar las iniciativas de lucha contra el fraude. Uno de sus objetivos es crear una herramienta que permita intercambiar información sobre prácticas fraudulentas.
La Resolución Conjunta 6 sitúa a Brasil en la vanguardia de un debate mundial sobre un reto de nuestro tiempo. La propuesta consiste en combinar los esfuerzos reguladores con la experiencia del sector privado para garantizar la seguridad y reforzar la confianza en el sistema financiero.
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Por: Elias Sfeir Presidente de ANBC & Miembro del Consejo Climático de la Ciudad de São Paulo & Concejal Certificado
