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Fuente: https://www.migalhas.com.br/
Las medidas cautelares concedidas en estas acciones, que ordenan la supresión del nombre del registro de crédito negativo, distorsionan el análisis del crédito y dan lugar a tipos de interés más altos para los consumidores.
El llamado “nombre industria de la limpieza” es promovida por asociaciones (algunas de las cuales son fachadas), que interponen demandas colectivas contra agencias de crédito, predominantemente en los estados de Piauí, Pernambuco y Paraíba, con el fin de suprimir la información sobre los impagos de los deudores y, en consecuencia, aumentar su calificación crediticia, sin que haya ninguna prueba de irregularidad en el registro de estas deudas.
Las medidas cautelares concedidas en estas acciones, que ordenan la supresión del nombre del registro de crédito negativo, distorsionan el análisis del crédito y dan lugar a tipos de interés más altos para los consumidores.
La práctica de estas asociaciones, conocidas como “litigios predatorios“ ha preocupado a la justicia brasileña porque perjudica la celeridad procesal y el erario público, además de ir en contra del consenso entre los profesionales del derecho. Estos predican que la judicialización debe ser siempre la última alternativa, una vez agotadas todas las posibilidades de resolución consensuada o amistosa.
La situación descrita como judicialización predatoria por la recomendación 127, publicada en febrero por la CNJ, ocurre gracias a la actuación de abogados que presentan miles de demandas al año, con peticiones que contienen la misma pretensión y causa, cambiando apenas el nombre de la parte representada y algunos otros datos que identifican el caso. La recomendación orienta a los tribunales a adoptar medidas cautelares y dota a la CNJ de instrumentos para controlar y combatir la judicialización predatoria.
El propio mercado es consciente de esta situación, que incrementa los costes de funcionamiento de las empresas y penaliza la actividad económica en general. El sector de las agencias de crédito, a través del ANBC - La Asociación Nacional de Oficinas de Crédito y otras organizaciones se han unido para luchar contra la “industria de la limpieza de nombres”.
Las acciones de agencias de crédito y otros sectores se basa en un dictamen jurídico-económico firmado por Luciano Timm, abogado y profesor de FGV-SP, y Luciana Yeung, doctora en Economía por la misma institución docente, además de coordinadora del Centro de Análisis Económico del Derecho del Insper1. El objetivo de este documento, que fue enviado al CNJ, El objetivo de este estudio es poner de relieve los efectos negativos de las medidas cautelares dictadas por los jueces en el mercado crediticio. También muestra que estas decisiones acaban fomentando comportamientos indeseables, orientados a una judicialización depredadora y oportunista.
Los burós utilizan datos relevantes para proporcionar herramientas de apoyo a las operaciones de crédito. Al crear medios de evaluación con información (incluida la morosidad), los burós aportan cordura a la disciplina crediticia, ayudando a los acreedores y beneficiando a los propios consumidores al reducir los costes de concesión de créditos. Esta dinámica impide que el riesgo de impago se distribuya por toda la cadena, perjudicando así a quienes pagan puntualmente sus facturas. También protege a los propios prestatarios de endeudarse por encima de su capacidad, como exige la Ley de sobreendeudamiento (Ley 14.181/2021), que entró en vigor el año pasado.
Los burós trabajan para reducir la asimetría informativa, que es el desconocimiento que tienen las instituciones que ofrecen créditos sobre el prestatario, especialmente sobre su capacidad para cumplir el contrato. El problema es que las intervenciones judiciales, como la concesión de medidas cautelares en el contexto de la “industria de la limpieza de nombres”, interfieren en la calidad de la información compartida por los burós. Al fin y al cabo, debido a las medidas cautelares concedidas, las agencias se ven obligadas a eliminar los datos de los prestatarios de la lista negativa sin que éstos hayan cumplido su obligación.
Este escenario contribuye a aumentar el riesgo de concesión de crédito, Esto se traduce en mayores costes (intereses) a la hora de pedir un crédito. “Es indiscutible entre los analistas -de todos los ámbitos académicos y profesionales- que una de las principales razones de los elevadísimos tipos de interés y diferenciales es la inseguridad que provoca el impago de una parte de los clientes y, lo que es más importante, las frecuentes defensas que el Poder Judicial hace de estas personas”, escriben Timm y Yeung en su dictamen jurídico-económico.
Según ICC (Indicador del Coste del Crédito), creado por el Banco Central y que refleja el peso de los tipos de interés en la economía, los impagos son el principal componente del diferencial. Considerando los valores medios entre 2018 y 2020, los impagos representaron el 31,9% del diferencial ICC.
Timm y Yeung concluyen su dictamen afirmando que cuanto más el Poder Judicial, o cualquier otra autoridad legal, tome decisiones que favorezcan el incumplimiento de los clientes en esta situación, como la concesión de solicitudes de medidas cautelares, más contribuirá a aumentar la propagación en Brasil. Este es el llamado “factor judicial” que pesa sobre los presupuestos de las empresas y los bolsillos de los consumidores desde hace muchos años.
