La cuestión de los litigios abusivos ha atraído la atención de las organizaciones judiciales y de la sociedad civil. Pero, ¿qué significa este término? Se refiere al uso indebido del derecho a acudir a los tribunales, mediante la multiplicación de demandas con el mismo objetivo, prácticas dilatorias, entre otras tácticas que buscan imponer costes legales excesivos a la otra parte.

Para fomentar un mercado crediticio cada vez más sostenible, este debate es esencial. Al fin y al cabo, tiene consecuencias tanto para la oferta de recursos como para los tipos de interés. Los litigios abusivos afectan a diversos agentes del ecosistema financiero, entre ellos las centrales de riesgo, que desempeñan un papel crucial en la reducción de la asimetría de la información y la mitigación del riesgo de impago en las operaciones de préstamo y financiación.

La forma de actuar contra las agencias es a través de demandas colectivas que buscan la exclusión de nombres de las listas de personas a las que se ha denegado el crédito. El resultado es la creación de una auténtica "industria" que beneficia a unos pocos a costa de muchos. Esto también tiene un impacto significativo en el funcionamiento del sistema judicial: el creciente número de demandas consume tiempo y recursos.

En este sentido, la práctica es perjudicial porque los litigios abusivos interfieren en el sistema de información que guía las decisiones crediticias de miles de prestamistas, tanto dentro como fuera del sistema financiero.

Cuando las demandas débiles, presentadas de mala fe, obtienen sentencias favorables, el demandante corre el riesgo de sobreendeudarse. Además, otros consumidores también sufren porque, ante la dificultad de distinguir entre distintos perfiles de riesgo, las entidades crediticias tienden a protegerse subiendo los tipos de interés y restringiendo la oferta de crédito.

Este problema puede ilustrarse con un ejemplo reciente: durante la pandemia en Estados Unidos, se propuso suspender temporalmente el crédito a los consumidores. Un estudio realizado para medir las repercusiones de la medida demostró que las puntuaciones crediticias medias tienden a aumentar con la supresión de información, sin reflejar realmente la solvencia real de los consumidores. Esta distorsión reduce el compromiso de pagar las deudas a tiempo, creando un fenómeno conocido en la literatura económica como "riesgo moral", que socava la disciplina necesaria para un mercado crediticio sostenible.

Una de las hipótesis clásicas en la larga discusión sobre los altos tipos de interés en Brasil es la inseguridad jurídica. En este contexto entra en juego la cuestión de los litigios abusivos, que afectan a las instituciones financieras y a las organizaciones de apoyo al mercado de crédito.

La literatura económica muestra que la percepción de las instituciones financieras sobre el resultado de posibles procedimientos judiciales puede influir directamente en su disposición a conceder préstamos y financiación. Cuando hay una mayor prevalencia de sentencias favorables a los deudores, las instituciones tienden a limitar la oferta de crédito o a aumentar sus tipos.

Un estudio realizado por el Banco Central de Brasil entre 2013 y 2018 reveló que un aumento de 10% en la proporción de decisiones a favor de los deudores redujo el crecimiento de los nuevos contratos de crédito en 23 puntos porcentuales. Esta evidencia es crucial: la seguridad jurídica de los contratos es fundamental para un mercado de crédito saludable. Esta seguridad requiere, en esencia, leyes claras y menos interpretación discrecional en el tratamiento de los litigios. Como en el caso de la supresión de información crediticia, la existencia de sesgos puede crear un incentivo al impago, generando costes adicionales para otros consumidores al restringir el crédito o elevar los tipos de interés.

Sin embargo, tenemos buenas noticias. Brasil cuenta con un sistema internacional de información crediticia sólido, eficiente y bien considerado, que incluye información crediticia tanto positiva como negativa.. La práctica de la litigación es una amenaza para este mecanismo vital para la salud del mercado crediticio. Sin embargo, hemos avanzado en la lucha contra la litigación abusiva, como resultado del diálogo entre los miembros del poder judicial y el sector privado, como la Recomendación nº 127 del Consejo Nacional de Justicia, que sugiere medidas contra esta judicialización excesiva, y más recientemente la Recomendación nº 159 del Consejo Nacional de Justicia, que recomienda medidas para la identificación, el tratamiento y la prevención de la litigación abusiva.

La disponibilidad de información crediticia y el cumplimiento fiable de los contratos son fundamentales para que el mercado crediticio contribuya al desarrollo de familias y empresas. Comprendiendo y combatiendo los litigios abusivos, todos podemos contribuir a un entorno crediticio más justo y eficiente. ¡Marquemos juntos la diferencia!